Durante años, Venezuela quedó en gran medida fuera de la conversación para los contratistas, ingenieros, desarrolladores e inversionistas en infraestructura de Estados Unidos. La incertidumbre política, las sanciones, el deterioro de los activos públicos y la inestabilidad económica hicieron del mercado un terreno difícil de navegar, incluso para empresas acostumbradas a trabajar internacionalmente.
Esa conversación ha cambiado.
Venezuela está abriendo partes de su economía a una mayor participación privada, al mismo tiempo que el país enfrenta un enorme desafío de reconstrucción derivado tanto de trágicos desastres naturales como de años de daño y abandono provocados por el hombre. Tras los terremotos de junio, el daño físico directo se estimó en aproximadamente 37.000 millones de dólares, incluidos unos 13.000 millones en infraestructura. Las telecomunicaciones, la energía, el transporte, los sistemas de agua, los puertos y otros activos críticos requerirán una inversión sustancial.
Y esas cifras corresponden solo al daño de los terremotos. El costo de reconstruir la infraestructura afectada por años de daño y abandono es mucho mayor.
Para los contratistas, ingenieros, desarrolladores e inversionistas de EE. UU., las oportunidades podrían ser significativas, en particular si resultan ciertas las declaraciones de autoridades estadounidenses que indican que se priorizarán las oportunidades para empresas de EE. UU.
Las oportunidades significativas vienen acompañadas de riesgos significativos.
La oportunidad avanza más rápido que la certeza jurídica
Venezuela necesita capital —financiero y humano— con rapidez. Los inversionistas, contratistas, desarrolladores y demás actores listos para participar, sin embargo, necesitan algo diferente: reglas claras, contratos predecibles, estructuras de pago confiables y la confianza de que el marco jurídico que respalda un proyecto se mantendrá en pie.
Esa tensión importa.
Las empresas que entran al mercado quizás deban navegar el derecho venezolano, las sanciones y los requisitos regulatorios de EE. UU., el financiamiento internacional, los subcontratistas extranjeros, el riesgo cambiario, el cambio político y las cláusulas de resolución de disputas que involucran múltiples jurisdicciones.
Un proyecto puede ser comercialmente atractivo y, aun así, estar mal estructurado.
Ahí es donde comienzan los problemas.
El contrato tiene que estar hecho para el mercado
Antes de que las empresas se concentren en la movilización y la construcción, necesitan entender cómo funcionará el proyecto cuando las circunstancias cambien.
¿Quién asume el riesgo si se retrasan las aprobaciones? ¿Qué sucede si cambian las regulaciones o las sanciones? ¿Cómo se manejan las fluctuaciones cambiarias? ¿Qué ley rige el contrato? ¿Dónde se resolverán las disputas? Y, lo más importante, ¿cómo pueden abordarse los desacuerdos sin detener el proyecto?
Esas preguntas no son detalles jurídicos secundarios. Son cuestiones fundamentales de gestión del proyecto.
El conocimiento y la orientación de un abogado venezolano local con experiencia serán esenciales. Pero el abogado local por sí solo, como ocurre a menudo en toda América Latina, puede no abarcar el panorama completo. Los grandes proyectos de infraestructura probablemente involucrarán a inversionistas estadounidenses y de otros países, prestamistas internacionales, contratistas multinacionales, aseguradoras, equipos importados y mecanismos internacionales de resolución de disputas.
Eso requiere a la vez un sólido conocimiento local y una estrategia jurídica transfronteriza.
El mejor momento para prevenir una disputa es antes de que comience el proyecto
Con demasiada frecuencia, las empresas empiezan a pensar seriamente en la resolución de disputas solo después de que aparece un desacuerdo.
Para entonces, la ley aplicable ya se eligió, el riesgo ya se asignó, los requisitos de notificación ya están en marcha y la documentación crítica del proyecto quizás ya esté incompleta.
El mejor enfoque es incorporar la prevención de disputas al proyecto desde el principio, mediante una asignación clara del riesgo, procedimientos prácticos de notificación y documentación, protocolos de comunicación, mecanismos de escalamiento, dispute boards, mediación, arbitraje u otras herramientas apropiadas para el proyecto.
El objetivo no es simplemente prepararse para una disputa.
Es mantener el proyecto en marcha sin ella.
La experiencia importa en mercados como Venezuela
Aquí es donde la experiencia con proyectos internacionales complejos cobra especial importancia.
El llamado a la reconstrucción de Venezuela se ha hecho y se ha escuchado.
Durante décadas he asesorado a propietarios, desarrolladores, contratistas, aseguradoras, afianzadoras e inversionistas en grandes proyectos de construcción e infraestructura en toda América Latina. Gran parte de ese trabajo ha involucrado exactamente el tipo de cuestiones que enfrentarán ahora las empresas que consideren Venezuela: contratos transfronterizos, entornos regulatorios cambiantes, riesgo de proyecto, reclamaciones, dispute boards y resolución internacional de disputas.
Venezuela puede ofrecer una oportunidad significativa, pero entrar con rapidez nunca debería ser más importante que entrar preparado.
Las empresas que tengan éxito no serán simplemente las que cuenten con los equipos de ingeniería más fuertes o los balances más grandes. Serán las que entiendan los riesgos antes de firmar los contratos y pongan en marcha sistemas para gestionarlos antes de que comience la construcción.
Porque las disputas más exitosas siguen siendo las que nunca ocurren.